Permisología, ¿o sistema de permisos inteligentes?

Clemente Pérez

Para combatir la “permisología” -esa burocracia infernal que enfrenta un inversionista en nuestro país para desarrollar una iniciativa-, el Gobierno ha presentado dos proyectos de ley muy positivos. 

Uno es una ley marco de autorizaciones sectoriales (LMAS), denominado “Sistema de Permisos Inteligentes”, con propuestas muy relevantes, como el silencio administrativo, que se refiere a dar por aprobada la solicitud de permiso si han vencido los plazos de otorgamiento y el servicio público no se ha pronunciado oportunamente. 

El segundo proyecto es una reforma al sistema de evaluación ambiental, que también tiene aportes significativos, como racionalizar los recursos en contra de una resolución de calificación ambiental, disminuyendo los espacios de litigación excesiva, promover la participación ciudadana temprana y simplificar los mecanismos para informar cambios no relevantes que pueden surgir en la ejecución de un proyecto, cambiando las consultas de pertinencia por declaraciones juradas. 

Existe el riesgo de que estos dos proyectos ambiciosos demoren mucho en el Congreso y el legado del Gobierno sea sólo presentarlos, y de que en el intertanto hayamos perdido o retrasado cientos de proyectos necesarios para reactivar el empleo. 

Hay que sumar medidas administrativas, de gestión, y también un conjunto de proyectos de ley corta que eliminen cuellos de botella de manera quirúrgica. Uno de ellos podría ser autorizar al secretario ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales a resolver algunos permisos, por ejemplo. Otras reformas necesarias son apoyar el proyecto de ley de desaladoras y poner un plazo a los Seremis de Vivienda y Urbanismo para resolver en tiempos razonables los requerimientos contra las Direcciones de Obras. 

Por último, se necesitan hay reformas institucionales. La más urgente es la del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN). En este organismo participan respetables gremios -como el Colegio de Arquitectos o el de Arqueólogos, entre otros-, pero que no tienen por qué tener participación directa en decisiones políticas. Aparte de posibles conflictos de interés, ese corporativismo no es propio de un régimen democrático. 

No existe en Chile otro organismo público con una representación directa de los gremios en la toma de decisiones. Todos los demás tienen una legitimidad democrática en la selección de sus autoridades. No es el caso de varios consejeros del CMN, que provienen de organismos (también muy respetables), como el Instituto de Conmemoración Histórica, la Sociedad de Escritores de Chile o el Instituto de Historia de la Arquitectura, que no sabemos por qué tienen responsabilidades políticas. 

Lo más increíble es que, consultado el CMN por el catastro de hallazgos arqueológicos en proyectos de inversión (la razón de tener decenas o cientos de proyectos retrasados, tales como parques solares, conjuntos habitacionales o el propio Metro de Santiago), confesaron no tener tal catastro. Es decir, se retrasan o paralizan proyectos por la importancia de hallazgos que ni siquiera sabemos dónde y en qué condiciones se encuentran. 

Por eso es tan importante avanzar hacia un Sistema Inteligente de Permisos.

Clemente Pérez

Abogado, Máster en Políticas Públicas